Monterrey, Nuevo León, uno de octubre de dos mil nueve.

VISTOS para resolver los autos de los juicios de revisión constitucional electoral SM-JRC-115/2009 y sus acumulados SM-JRC-121/2009 y SM-JRC-122/2009, promovidos por los partidos políticos Convergencia, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, respectivamente, por conducto de Eduardo Ramírez Granja, Vicente de Jesús Esqueda Méndez y Carlos Torres Ramírez, quienes se ostentan como sus representantes, en contra de la resolución dictada el siete de agosto de dos mil nueve por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, al resolver el recurso de apelación 30/2009-AP y sus acumulados 58/2009-AP, 59/2009-AP; y,

RESULTANDO

I. Antecedentes. De las constancias que conforman el sumario, se desprende lo siguiente:

a) Inicio del proceso electoral. El doce de enero de dos mil nueve, inició el proceso electoral en el Estado de Guanajuato, de conformidad con lo establecido por el tercer párrafo del artículo 174 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, para renovar, entre otros, a los integrantes del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, en la referida Entidad Federativa.

b) Jornada electoral. El cinco de julio de la presente anualidad, se celebró la jornada electoral.

c) Cómputo municipal. El ocho de julio siguiente, el Consejo Municipal Electoral de la mencionada localidad realizó el cómputo municipal de la referida elección, quedando los resultados como siguen:

d) Partido político vencedor. De acuerdo a los resultados transcritos, y según se desprende del acta de cómputo municipal para la elección del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Guanajuato, tras la suma de los sufragios, resultó triunfadora la candidatura común postulada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, de acuerdo con lo siguiente:

e) Declaración de validez de la elección y entrega de constancias de mayoría y validez. Al finalizar el cómputo respectivo, el propio Consejo Municipal declaró la validez de la elección del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Guanajuato, así como la elegibilidad de los candidatos integrantes de la planilla vencedora postulada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. El Presidente del referido Consejo entregó las constancias respectivas.

II. Impugnación local.

a) Recurso de revisión. En desacuerdo con el resultado anterior, los partidos Revolucionario Institucional, Convergencia y Acción Nacional, interpusieron sendos recursos de revisión ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, mismos que se radicaron bajo los números 10/2009-IV, 11/2009-IV y 12/2009-IV. El magistrado instructor determinó la acumulación de los recursos interpuestos y pronunció sentencia el veintitrés de julio de dos mil nueve, en la que se estimaron fundados y parcialmente operantes los agravios esgrimidos por el Partido Acción Nacional, decretándose la nulidad de la votación recibida en las casillas 2029 básica, 2029 contigua 1 y 2029 contigua 2.

b) Recomposición de cómputo. Con lo anterior, la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal local, modificó el cómputo municipal impugnado, en que se erigió como nuevo ganador el Partido Acción Nacional con los resultados que a continuación se consignan[3]:

c) Revocación de constancias de mayoría y validez y nueva asignación. En consecuencia, la mencionada Sala dejó sin efectos la Constancia de Mayoría y Validez entregada a los candidatos comunes postulados por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México para Presidente Municipal y Síndicos, confirmó la asignación de regidores declarada por el Consejo Municipal, además ordenó a éste entregara en un término de tres días las constancias respectivas a los candidatos registrados por el Partido Acción Nacional.

d) Recurso de apelación. En contra de la resolución mencionada se interpusieron sendos recursos de apelación ante el Pleno del Tribunal Electoral del referido Estado, los cuales fueron radicados por el Magistrado Presidente con los números 30/2009-AP, 58/2009-AP y 59/2009-AP, correspondientes en su orden a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Convergencia; los turnó a su ponencia, se determinó la acumulación de ellos y el siete de agosto del presente año la autoridad jurisdiccional aquí señalada como responsable dictó la sentencia que hoy se combate, confirmando la resolución de primera instancia.

III. Juicios de revisión constitucional electoral.

a) Interposición de los medio impugnativo. El once de agosto siguiente, los partidos Convergencia, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, en el orden precisado, presentaron ante el Tribunal Electoral local, escrito al cual anexaron cada uno, los medios de impugnación que nos ocupan, promovidos en contra de la sentencia dictada en el recurso de apelación mencionado en el apartado anterior.

b) Trámite. El día doce posterior, la autoridad jurisdiccional responsable informó a esta Sala Regional, vía fax, sobre la interposición de los medios de impugnación y el catorce del mismo mes, se recibieron en la Oficialía de Partes los oficios números TEE-PCIA-729/2009, TEE-PCIA-732/2009 y TEE-PCIA-735/2009, todos de fecha doce de agosto de la presente anualidad, suscritos por el Magistrado Ignacio Cruz Puga, Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, acompañando las demandas originales, los anexos correspondientes y el informe circunstanciado respectivo a cada uno de los juicios ejercitados.

c) Turno a ponencia. Mediante sendos acuerdos dictados el catorce de agosto del año en curso por la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional, se ordenó turnar a la ponencia de la Magistrada Georgina Reyes Escalera los expedientes SM-JRC-115/2009, SM-JRC-121/2009 y SM-JRC-122/2009 para los efectos señalados en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, cumplimentándose mediante oficios TEPJF-SGA-SM-971/2009, TEPJF-SGA-SM-977/2009 y TEPJF-SGA-SM-978/2009 de igual data, suscritos por el Secretario General de Acuerdos por Ministerio de ley de este órgano jurisdiccional.

d) Comparecencia de terceros interesados. A través de oficios números TEEG-PCIA-772/2009, TEEG-PCIA-771/2009 y TEEG-PCIA-770/2009, recibidos en ese orden en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el diecinueve siguiente, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral estatal, informó que los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional comparecieron como terceros interesados en el juicio de revisión constitucional electoral interpuesto por el partido Convergencia, y sólo el primero mencionado, en contra del promovido por el Revolucionario Institucional, y éste en el interpuesto por Acción Nacional.

e) Radicación. Por autos de fecha veintiséis de agosto del año que transcurre, fueron radicados los juicios y se tuvo por recibida la documentación remitida por la autoridad jurisdiccional responsable, en cada uno de los expedientes de mérito.

f) Admisión y cierre de instrucción. A través de los proveídos correspondientes, pronunciados el treinta de septiembre, se admitió cada uno de los juicios de mérito, se tuvo por compareciendo a los terceros interesados y a la autoridad responsable cumpliendo con las obligaciones que establecen los artículos 17, párrafo 1, 18, párrafo 2, 90 y 91 in fine de la ley adjetiva; además, en atención al estado procesal del medio de impugnación, se ordenó formular el proyecto de sentencia respectivo; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con cabecera en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, es competente para conocer y resolver los presentes juicios de revisión constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 94, párrafo primero, 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción III, inciso b), 192, párrafo primero, 195, párrafo primero, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 3, párrafo 2, inciso d), 4, párrafo 1, 6, párrafo 1, 86 y 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La anterior fundamentación es de aplicación a los casos en estudio, en razón de que el acto impugnado emana del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, Entidad Federativa comprendida en esta circunscripción y se trata de la elección de integrantes de un Ayuntamiento, hipótesis normativa reservada a esta autoridad jurisdiccional electoral federal.

SEGUNDO. Acumulación. Toda vez que los juicios de revisión constitucional en cuestión se refieren a impugnaciones en las que existe identidad en la autoridad emisora responsable y en el fallo reclamado, esta Sala Regional advierte conexidad en la causa de los mismos, pues todos los juicios se refieren a la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato el pasado siete de agosto de dos mil nueve, en que se resolvió el Toca 30/2009-AP y sus acumulados 58/2009-AP y 59/2009-AP.

En virtud de lo expresado, y a efecto de atender de manera conjunta los juicios referidos con el fin de dar mayor prontitud y certeza jurídica a la resolución que se dicte, debe decretarse la acumulación de los juicios de revisión constitucional SM-JRC-121/2009 y SM-JRC-122/2009 al más antiguo, es decir al SM-JRC-115/2009, en términos de los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 73, fracción VII y 74, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por lo tanto, en su oportunidad deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados.

TERCERO. Procedibilidad. En principio, por ser de orden público y especial pronunciamiento, se procede a verificar si el presente medio de impugnación satisface los requisitos de procedencia previstos en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 8, 9, párrafo 1, 86 y 88, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que en caso de advertirse la ausencia de alguno de los requisitos de procedibilidad y/o especiales para la interposición de la demanda, actualizándose alguna de las causales de improcedencia contempladas en los diversos artículos 9, párrafo 3, 10 y 11 de la ley procesal en comento, conllevaría a determinar el desechamiento de plano o sobreseimiento, al existir obstáculo para la válida constitución del proceso, cuestión que imposibilita a este órgano jurisdiccional emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia sometida a su jurisdicción.

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad responsable, en ellas consta la denominación del partido actor, así como el nombre y firma de quien promueve como su representante; identifican el fallo impugnado, autoridad responsable del mismo; mencionan los hechos y agravios que causa la resolución, así como los preceptos legales supuestamente violados, y por último, se señala domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para ello.

2. Oportunidad. Los juicios se promovieron dentro del plazo legal de cuatro días, pues la sentencia impugnada fue notificada a los partidos involucrados el siete de agosto de presente año, y las tres demandas se presentaron el día once siguiente, tal como consta en el original de la cédula de notificación personal de la sentencia impugnada y del sello de recepción que se observa en los escritos de demanda, los cuales obran a fojas cuatrocientos once, cuatrocientos trece y cuatrocientos quince del cuaderno accesorio dos del expediente SM-JRC-115/2009 y seis de los cuadernos principales respectivos a cada uno de sus expedientes.

3. Legitimación. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el presente juicio sólo puede ser instado por los partidos políticos, como en la especie lo hacen los institutos políticos Convergencia, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, por lo que se encuentran legitimados para interponer el juicio que se analiza.

4. Personería. La acreditación de este requisito se encuentra colmada, toda vez que Eduardo Ramírez Granja, Vicente de Jesús Esqueda Méndez y Carlos Torres Ramírez, comparecen en el orden mencionado como representantes de los partidos políticos Convergencia, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, personalidad que les fue reconocida por la autoridad responsable al haber justificado la calidad con la que se ostentan ante la autoridad administrativa emisora del original acto reclamado, además que fueron los mismos representantes que interpusieron los medios de impugnación motivos de lo que aquí se cuestiona, por lo que se reconoce su personería con fundamento en lo establecido en el artículo 88, párrafo 1, inciso b) de la ley en consulta.

5. Requisitos especiales.

Que el acto o fallo impugnado violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con lo preceptuado por el inciso b) del citado ordenamiento, en torno a la necesidad de que exista alguna violación de carácter constitucional que se haga valer por los incoantes, y sin realizar pronunciamiento alguno en cuanto al fondo de la cuestión, entendido éste como un requisito formal al tenor, en lo aplicable, de la tesis de jurisprudencia S3ELJ 02/97, visible en las páginas 155 a 157 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, que lleva el rubro “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA”, en el caso, tenemos que en los escritos impugnativos se hacen valer agravios que se encaminan a acreditar la vulneración al interés jurídico de los promoventes, que al propio tiempo pudiese generar la violación a los principios de legalidad, seguridad jurídica, certeza y debido proceso consagrados en la Constitución federal, señalando para tal efecto las disposiciones constitucionales que cada uno considera violentadas. En efecto, el Partido Político Convergencia señala la violación a los artículos 14, 16, 17, párrafo tercero, 39, 41, fracción VI, 99, párrafo IV, fracción IV, y 116, fracción IV, incisos a), b), c), j), l) y m); por su parte, Acción Nacional aduce la conculcación de los numerales 14, 16, 17 y 41; y, el Partido Revolucionario Institucional menciona la transgresión de los numerales 14, 16, 41, fracciones V, y 116, fracción IV, inciso b), de la Carta Magna.

Definitividad y firmeza. Los extremos previstos en el artículo 86, incisos a) y f), de la citada legislación procesal, constituyen un solo requisito de procedibilidad y también se encuentran satisfechos tomando en consideración que la Ley Electoral del Estado de Guanajuato, no prevé medio de defensa alguno para impugnar la sentencia que aquí se controvierte, pues el numeral 328, párrafo segundo, del código electoral de la Entidad, dispone que las resoluciones que dicte el Tribunal Electoral del Estado, tendrán carácter definitivo cuando se resuelva el último medio de impugnación disponible, siendo éste el recurso de apelación que prevé el diverso artículo 302 del mismo ordenamiento, por lo que se agotó la cadena impugnativa previo a la interposición del juicio constitucional de mérito.

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con clave S3ELJ 09/2001 visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 79 y 80, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL".

La violación reclamada sea determinante para el resultado final de la elección. Como requisito especial para la interposición del juicio de revisión constitucional, es menester que la violación tenga la calidad de “determinante”, es decir, que sea de naturaleza tal que en caso de verse colmada la pretensión del accionante, tenga como consecuencia la variación en los resultados finales de la elección, en tal sentido, de las demandas respectivas se desprende lo siguiente.

a) Partido Convergencia. En el juicio interpuesto por el Partido Convergencia, la violación reclamada puede resultar determinante para el resultado de la elección, pues en su escrito, se esgrimen argumentos tendentes, a invocar la nulidad de la votación recibida en la totalidad de las casillas, instaladas en el Municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato, lo que se advierte de lo expresado en su libelo de demanda, cuando al efecto aduce “(…) Para el Partido Político que represento es grave en TODAS LAS CASILLAS de las SECCIONES: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 y 2033 instaladas en el Municipio de Pueblo Nuevo, y al decir todas las casillas, me refiero tanto a la (sic) básicas, contiguas, extraordinarias y especiales que pudieron haberse instalada (sic) en casa (sic) sección que enumero (…)”; lo que, de resultar fundados los agravios esgrimidos, implicaría la nulidad de la elección al tenor de lo establecido en la fracción I, del artículo 332 del código electoral local,

b) Partido Acción Nacional. De la simple lectura del escrito de demanda formulado por el Partido Acción Nacional, se tiene que se duele de dos aspectos básicamente, a saber:

i.                    Que la autoridad responsable no le admitió diversas pruebas supervenientes, consistentes en un video obtenido con posterioridad a la presentación del medio impugnativo originario y las testimoniales que surgieron con motivo del video citado, con las cuales el actor pretende reforzar la convicción de la responsable en torno a la nulidad de la votación recibida en las casillas 2029 básica, 2029 contigua 1 y 2029 contigua 2, instaladas en el municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato.

ii.                  Que el Pleno del Tribunal Electoral local, indebidamente confirmó la resolución de Primera Instancia, que no le resultó favorable en torno a la nulidad solicitada respecto de la casilla 2033 básica del citado Municipio.

Ahora bien, del análisis de las constancias de autos, puede apreciarse que la sentencia de la Sala Unitaria primigenia, confirmada por el Pleno del órgano jurisdiccional estatal, al estimar fundados y parcialmente operantes los agravios esgrimidos por el hoy enjuiciante, modificó el resultado de la elección. Con tal determinación, el Partido Acción Nacional, resultó, con la recomposición del cómputo, ganador de la elección celebrada en Pueblo Nuevo, Guanajuato, tal y como se aprecia en el apartado de antecedentes de esta resolución.

Por otra parte se advierte por esta Sala Regional, y se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 15, párrafo 1, de la legislación procesal electoral federal, que en el municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato, se instalaron un total de diecisiete mesas directivas de casilla, según consta en el “Reporte de Análisis Cuantitativo de Resultados Preliminares” que obra en copias simple a foja veintiuno del cuaderno accesorio uno,[5] el cual no fue controvertido por las partes.

En tales condiciones, y toda vez que los argumentos vertidos por el referido partido político enjuiciante se encaminan a reforzar la convicción de nulidad de votación en tres casillas, lo que acaeció en la Primera Instancia, así como a obtener la nulidad de la votación recibida en la diversa 2033 básica, luego entonces, de lograr su pretensión mediante la nulidad de ésta y la ratificación de la decretada primigeniamente respecto de las casillas 2029 básica, 2029 contigua 1 y 2029 contigua 2, con ello se configuraría la nulidad de la elección en los términos del artículo 332, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en razón de que representan más del veinte por ciento de las casillas instaladas en el referido Municipio, por lo que en consecuencia, la violación reclamada resulta determinante para el resultado de la elección.

c) Partido Revolucionario Institucional. Respecto al juicio de revisión constitucional accionado por el Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de demanda, hace valer agravios tendentes a obtener la revocación de la nulidad de votación decretada por el Tribunal Electoral estatal en tres casillas, pretensión que, en el hipotético caso de que llegara a estimarse fundada, implicaría la reversión de los resultados actuales de la elección municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato, para entonces restituir el resultado de la elección materia de la controversia al estado inicial.

Es decir, en el presente caso, como es destacado en el inciso anterior, los efectos posibles de las alegaciones planteadas serían, de resultar procedente una u otra, definitorios y determinantes para la elección municipal controvertida, con lo que se tiene colmado el requisito en cuestión.

Factibilidad. Finalmente, la reparación es posible fáctica y jurídicamente dentro de los plazos electorales y antes de la fecha fijada para la toma de posesión de los funcionarios electos, atento a que de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, los ciudadanos electos en los comicios deberán iniciar sus actividades el diez de octubre siguiente a la fecha de la elección, la cual se desarrolló el cinco de julio del presente año.

Por todo lo anterior, en virtud de que esta Sala Regional no advierte algún supuesto cuya actualización impida el estudio de fondo del asunto, procede a su análisis en atención a las consideraciones que se siguen detallando.

CUARTO. Consideraciones previas al estudio de fondo. De conformidad con lo que establecen los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los diversos 3, párrafo 2, inciso d) y 86, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral, el juicio de revisión constitucional es un medio de impugnación extraordinario establecido a fin de garantizar la constitucionalidad de actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas, para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos.

Además, por su naturaleza excepcional, el legislador, estableció una serie de reglas y requisitos especiales a satisfacer por quien teniendo legitimación para su interposición, pueda acceder a través de este medio de impugnación a la justicia federal electoral.

Así, una de esas reglas, se encuentra contenida en el párrafo 2 del artículo 23, de la ley procesal electoral federal, cuando se prohíbe al juzgador suplir la deficiente expresión de los agravios que formule el promovente.

Por ello, el estudio de fondo de la controversia objeto del juicio, debe derivarse de razonamientos tendentes a combatir la motivación y fundamentación soporte del acto o resolución impugnado y, por el contrario, no es permitido enfocarse al estudio o atender agravios que no hayan sido objeto de la litis planteada en la instancia cuya resolución se combate.

Entonces, para que los motivos de revisión puedan ser objeto de análisis de fondo, deben contener consideraciones encaminadas a probar que la autoridad responsable dejó de estudiar y/o pronunciarse respecto algún concepto de violación hecho valer en la demanda inicial; que se inobservó la aplicación de determinada disposición legal o que se hizo de manera incorrecta; que no se hayan valorado en forma individual o en conjunto los medios probatorios aportados oportunamente; u otro hecho violatorio de los principios de constitucionalidad y legalidad.

Si del contenido del escrito de impugnación, no es posible advertir las violaciones antes señaladas y los motivos de inconformidad son vertidos bajo los mismos argumentos expuestos en la demanda de origen, los cuales fueron examinados y valorados por la autoridad señalada como responsable, entonces los agravios deberán ser declarados inoperantes.

QUINTO: Agravios. En concepto de esta Sala Regional, resulta innecesaria la transcripción del texto de los motivos de agravio que expresan los partidos políticos actores, ya que no existe disposición expresa para tal efecto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o en alguna otra norma, resultando ocioso llevar a cabo tal actividad, pues éstos ya obran agregados en actuaciones del expediente en que se actúa, por lo que a nada práctico llevaría, atendiendo a la propia extensión de los mismos.

Sirve como criterio orientador a este caso concreto, aplicable por analogía, la jurisprudencia con registro número 196477, identificada con la clave de tesis VI.2o.J/129, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta “VII abril de 1998”, página 599, de rubro y texto siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.”

Consecuentemente, si en la ley procesal electoral federal no se establece la obligación de transcribir los conceptos de violación, es dable afirmar que tampoco debe imponerse tal carga para las resoluciones relacionadas con la materia electoral, pues debe concluirse que donde existe la misma razón debe darse la misma solución, de ahí la aplicación analógica de la hermenéutica invocada.

En el mismo sentido se han pronunciado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, también del Primer Circuito, criterios que corroboran lo antes sustentado, como se advierte de las tesis aisladas con registros números 254280 y 226632, instada por Tribunales Colegiados de Circuito, en materia común, Séptima y Octava Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación “81 Sexta Parte” y “IV, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1989”, páginas 23 y 61, en su orden, que a la letra establecen:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO ES OBLIGATORIO TRANSCRIBIRLOS EN LA SENTENCIA. Aun cuando sea verdad que el juzgador no transcriba en su integridad los conceptos de violación externados por la quejosa en su demanda de garantías, a pesar de indicarlo así en su sentencia, también lo es que tal omisión no infringe disposición legal alguna, pues ninguna le impone la obligación de hacerlo, máxime si de la lectura de la sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito expresa las razones conducentes para desestimar los conceptos de violación hechos valer, aun cuando no transcritos.”

“AGRAVIOS, FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS, EN LA SENTENCIA. NO CAUSA PERJUICIO SI SE CONTESTAN. El hecho de que en la resolución reclamada no se hayan transcrito los agravios que fueron materia de la misma, no le para ningún perjuicio al amparista ni lo deja en estado de indefensión, ya que en todo caso esa omisión no es trascendente en el sentido de fallo ni representó impedimento para que combatiera las consideraciones que sirvieron de sustento a la responsable para dictar su fallo.”

En ese tenor, es pertinente delinear la naturaleza y sustancia de la inconformidad que hacen valer los partidos políticos enjuiciantes, al respecto, del estudio integral de los libelos de demanda se desprende que los mismos son esgrimidos con base en los argumentos sintetizados en los apartados que enseguida se detallan.

Agravios Partido Convergencia. En síntesis, el Partido Político Convergencia manifiesta como motivos de disenso, los siguientes:

1.    Que la autoridad responsable viola en su perjuicio los principios constitucionales de legalidad, certeza jurídica, equidad y objetividad, consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 41, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al emitir el fallo impugnado, por declarar infundados e inoperantes los agravios hechos valer en el recurso de apelación, al negar la nulidad de la votación recibida en las casillas 2026 básica, 2029 contigua 2, 2030 contigua 1 y 2032 básica por considerar que los funcionarios municipales – el sub-tesorero, el auditor de obra pública de la Dirección de Contraloría, el auxiliar de catastro y el encargado de protección civil – que fungieron como representantes de casilla por el Partido Acción Nacional, no tienen la calidad de “autoridad de mando superior”, argumentando que son subordinados cuya capacidad de decisión y autonomía es limitada, misma que opera sólo al interior de la administración pública;

2.    En consecuencia, considera el actor, que de manera ilegal se desestimó el agravio inicial, mediante el cual se sustenta la petición de nulidad de votación recibida en las casillas de referencia, consistente en la recepción de los sufragios de manera ilegal, ya que los funcionarios públicos ejercieron presión sobre el electorado durante toda la jornada electoral, con lo cual se vulnera el principio de certeza que debe regir todo proceso electoral.

3.    Que son ilegales las consideraciones del Tribunal Electoral responsable, al determinar que las funciones de José Refugio Witrago, en su calidad de servidor público, no son de mando superior, ya que sus actividades las realiza de forma directa con la ciudadanía y sobre todo con los sectores de la sociedad más necesitados en el Municipio en cuestión.

4.    Que ni el Pleno del Tribunal Electoral local, ni la Sala primigenia, agotaron el principio de exhaustividad, cuando dejan de valorar el informe rendido por Alejandro Sáenz Prieto, en su calidad de Secretario del Consejo Municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato, así como las actas de jornada electoral y las de escrutinio y cómputo, para justificar que ilegalmente fueron expulsados, sin mediar causa justificada, todos los representantes del partido Convergencia del total de las casillas instaladas en las secciones 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 y 2033, es decir, las básicas, contiguas, extraordinarias y especiales.

Agravios del Partido Acción Nacional. En resumen, expresa los siguientes:

1.    Respecto a la casilla 2033 básica el Tribunal Electoral responsable realizó una ilegal interpretación del artículo 221 y 330, fracción IX, del código electoral local, ya que la primera disposición determina que los candidatos sólo podrán ingresar a los centros de votación para emitir su sufragio, por tanto, al haber quedado acreditado que el representante del partido Convergencia, a su vez era candidato a Regidor por dicho ente político, resulta suficiente para declarar la nulidad de la votación recibida en la misma, al haber ejercido presión sobre los electores.

2.    Que la autoridad jurisdiccional responsable, sin fundamento legal, determina desechar y, en consecuencia, no otorgarle valor convictivo a las pruebas supervenientes aportadas como tercero interesado al recurso de apelación, consistentes en un video obtenido con posterioridad a la presentación del medio impugnativo originario y las testimoniales que surgieron con motivo del propio video, con las cuales el actor pretende reforzar la convicción de la responsable en torno a la nulidad de la votación recibida en las casillas 2029 básica, 2029 contigua 1 y 2029 contigua 2, instaladas en el municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato.

Agravios del Partido Revolucionario Institucional. Los motivos de inconformidad del Partido Revolucionario Institucional se sintetizan como a continuación se detalla:

1.           La resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación violando en su perjuicio los principios de certeza jurídica, objetividad y legalidad, cuando la autoridad responsable declara infundados sus agravios y confirma la nulidad de la votación recibida en las casillas 2029 básica, 2029 contigua 1 y 2029 contigua 2, que a su parecer se encuentra sustentada en indicios –a los cuales se les otorga valor probatorio pleno– y no sobre hechos objetivos, para justificar que Larisa Solórzano Villanueva, hermana del candidato a Presidente Municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato por el Partido Revolucionario Institucional, ejerció presión sobre los electores, al actuar como representante general de la sección de referencia.

2.           Existen, por el contrario, indicios que no fueron valorados por la autoridad responsable para justificar que la mencionada persona no ejerció presión.

3.           Resultan erróneas las deducciones que de los hechos conocidos, realiza la autoridad primigenia para llegar a la conclusión de otros desconocidos y con ello tener por acreditada la presión que, al parecer de aquélla y posteriormente del Pleno del Tribunal Electoral, acredita que la misma se ejerció sobre el electorado.

4.           La responsable viola en su perjuicio lo establecido en los artículos 318, 319 y 320, del Código Electoral de Guanajuato, al confirmar la deficiente valoración de las actas notariales y del video, aportados como elementos de convicción por el Partido Acción Nacional, las cuales al adminicularlas, les otorga un alcance probatorio que no les corresponde.

5.           El Pleno de la autoridad jurisdiccional estatal, hace una incorrecta interpretación cuando afirma que el Partido Revolucionario Institucional no controvierte el contenido de los testimonios públicos y en consecuencia, debe subsistir el valor probatorio otorgado originalmente para declarar la nulidad de las casillas objeto del agravio; pero, contrario a lo que asevera la autoridad, debió tenerse como impugnada en cuanto a su validez, cuando se afirmó por dicho partido que aquéllos no cumplen con el principio de inmediatez, con lo cual les resta veracidad y genera incertidumbre en cuanto a su autenticidad.

6.           Ilegalmente la Sala primigenia admite las pruebas testimoniales aportadas por el Partido Acción Nacional, aun cuando dicho medio probatorio no se encuentra regulado en el catálogo de pruebas reconocidas por la legislación electoral local, cuya admisión, fue posteriormente ratificada por el Pleno del Tribunal Electoral responsable.

7.           Es incorrecto el valor probatorio otorgado a las declaraciones rendidas ante notario público, ya que además de no ser inmediatas ni espontáneas, no constituyen hechos que le consten directamente al fedatario, según lo dispone el artículo 318, fracción IV, de la ley electoral local, y las mismas no se encuentran relacionadas con diversos hechos.

8.           El video ofrecido como prueba por el Partido Acción Nacional, sólo otorga circunstancias de tiempo y lugar, pero en ningún momento queda acreditado el elemento “modo”, es decir, que a través de las imágenes que en el mismo se contienen pueda acreditarse la presión hacia el electorado, contrario a la afirmación de la autoridad responsable de que con el mismo se desprende la realización de actividades irregulares por parte de la representante general del impugnante.

9.           La autoridad local responsable dejó de aplicar el criterio reiterado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a que la presencia de un militante partidista, en cumplimiento de sus funciones durante la jornada electoral como representante de partido, no debe considerarse como un elemento válido para tener acreditada la presión, sino que es menester que se trate de un servidor público con mando superior.

10.      No existe impedimento legal para que la hermana de un candidato, ostente la función de representante de partido el día de la jornada electoral.

11.      Que tal y como lo afirma el Tribunal local responsable, el solo hecho de que una representante general cuente con “fama pública”, no genera la presunción de ejercicio de presión en el electorado, sino que es necesario analizar el poder material y jurídico que detenta tal persona frente a los vecinos de la localidad, con los cuales pudiera entablar múltiples relaciones, necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana de cada uno, como lo sería la prestación de los servicios públicos que administra, las relaciones de orden fiscal, el otorgamiento y ratificación de licencias, permisos o concesiones para el funcionamiento de giros comerciales, fabriles o de otra naturaleza semejante, como lo es, la imposición de sanciones de distintas especies, para con ello tener por justificada la irregularidad.

12.      Para que los indicios, derivados de las declaraciones rendidas ante notario público, puedan alcanzar una fuerza demostrativa plena, es necesario que se adminiculen con otros que sean bastantes para colmar la falta o irregularidad, lo que en la especie no ocurre.

13.      El argumento “una imagen dice más que mil palabras” vertido por la autoridad primigenia, al valorar once fotografías extraídas del video, aportadas como prueba por el Partido Acción Nacional, de ninguna manera puede considerarse como sólido para justificar la conclusión a la que llega de tener por acreditada la presión en el electorado.

14.      La autoridad jurisdiccional responsable no analiza correctamente los agravios hechos valer en el recurso de apelación, ya que sólo se limita a repetir los motivos y fundamentos contenidos en la sentencia de primera instancia.

15.      De las actas de la jornada electoral y las hojas de incidentes, no se desprende indicio alguno de la existencia de presión en el electorado, lo que genera la de que no se cometieron las irregularidades alegadas por el Partido Acción Nacional.

16.      Los indicios que sustentan la determinación jurisdiccional no son eficaces, atendiendo a que no cumplen con los requisitos de pluralidad y variedad, además no contienen hechos objetivos de presión, por lo que resulta errónea la interpretación de la autoridad responsable.

17.      Las testimoniales fueron confeccionadas en beneficio del Partido Acción Nacional de acuerdo a sus intereses políticos y electorales, toda vez que fueron recibidas por el Notario Público que ostenta el cargo de Secretario del actual Ayuntamiento del Municipio cuestionado, cuya administración es ejercida por el instituto político de referencia.

18.      Las testimoniales fueron confeccionadas en provecho del Partido Acción Nacional con posterioridad al día de la jornada electoral, toda vez que fueron aportadas (las identificadas con los números 567 y 568 del protocolo del Notario Público ante el cual se vertieron), en fecha diecisiete de julio del mismo año, junto con el escrito que el referido partido presentó como tercero interesado al recurso de revisión, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, y no el día trece, cuando aquél interpuso su recurso primigenio, en consecuencia, no se acredita el elemento de enlace lógico jurídico entre los indicios y los hechos por acreditar, pues los primeros, por los motivos señalados, no se ajustan a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, que lleven a la conclusión de tener por acreditadas las irregularidades que con los mismos se pretenden probar.

19.      La irregularidad resaltada por la autoridad responsable en su sentencia, consistente en que una persona controlaba el acceso a la escuela donde estaban instaladas las casillas anuladas, no puede ser atribuida al Partido Revolucionario Institucional, además que la misma no debe ser considerada de tal trascendencia para sancionarla con la nulidad, pues con tal proceder se viola el principio sustentado por la máxima autoridad electoral de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, a más que la autoridad municipal electoral tenía conocimiento de que dicha medida había sido tomada por los integrantes de la mesa directiva de casilla para conservar el orden entre los electores.

20.      El Pleno del Tribunal Electoral local pretende mejorar la deficiente argumentación de la Sala Unitaria, al introducir consideraciones no vertidas por ésta, cuando ratifica la nulidad de la votación recibida en las casillas bajo la afirmación “temeraria” –por subjetiva– que la presión se ejercía por la vía de negar el acceso de los electores a la casilla, ya que supone la responsable que la presencia de muchas personas en espera de votar se traduce en un bloqueo en los ciudadanos, situación que de ninguna manera puede atribuirse a la representante general del Partido Revolucionario Institucional, en razón de que en el video aportado por Acción Nacional no puede advertirse que ella hubiese autorizado o negado el acceso de los votantes.

21.      El Tribunal de alzada realiza una conclusión inusitada cuando considera el hecho de que una persona en un proceso electoral local, por haber perdido la contienda de la misma elección tres años atrás pueda por dicha participación infructuosa, tener una gran influencia en los electores, al grado tal que le es posible dirigir y encauzar los resultados de las votaciones.

22.      La autoridad jurisdiccional responsable no valoró las pruebas aportadas, consistentes en las denuncias “(…) que se hicieron del conocimiento del Consejo Electoral y del Ministerio Público (…)”, en las cuales se advertía la posibilidad de que el Partido Acción Nacional implementará estrategias o hechos que tuvieran como finalidad obtener la nulidad de la votación en las casillas objeto de agravio, las cuales solicita sean valoradas por esta Sala Regional.

23.      La Sala Unitaria ante la deficiente acreditación de los hechos por parte del Partido Acción Nacional, rebasa la litis planteada e introduce nuevos elementos como lo fue el establecer porcentajes de votación en las casillas anuladas y otras diversas instaladas en el Municipio, con el propósito de justificar una determinancia cuantitativa, pues al considerar los promedios de participación ciudadana para acreditar dicho elemento confunde el carácter “determinante” con la participación electoral.

24.      El Pleno del Tribunal Electoral local manifiesta en su resolución que “(…) dentro de la sentencia de primera instancia quedaron demostrados los actos de presión al electorado (…)”, sin que de ninguna manera refiera cuáles ni de qué manera y en qué número afectaron al resultado, careciendo entonces de la debida fundamentación y motivación al dejar al partido que representa en total estado de indefensión, por no poder combatir sus consideraciones.

25.      Es incorrecta la afirmación que sustenta la nulidad, basada en que la representante general estuvo de manera permanente durante toda la jornada electoral en las tres casillas cuestionadas, a partir de “ (…) tener por acreditada la presencia de la C. Larisa Solórzano Villanueva a las 9:47, a las 11:24, a las 11:25, a las 12:35 y a las 17:10 horas, es decir, cuatro momentos, de los que dos de ellos pueden ser sólo uno ya que existe sólo una diferencia de 18 segundos entre uno y otro”.

26.      El Tribunal responsable emite criterios contradictorios en la misma resolución cuando niega la nulidad de la votación recibida en la casilla 2032 básica impugnada por el Partido Revolucionario Institucional, al determinar que el servidor público que fungió como representante del Partido Acción Nacional no ejerció presión y que además, la determinancia no puede desprenderse del hecho de que obtuvo mayor votación que este último partido en la casilla impugnada, argumento que a su vez fue el central para tener por justificado dicho elemento y anular las tres casillas motivo de agravio.

27.      Se viola en perjuicio del Partido Revolucionario Institucional, los principios reguladores de la valoración de la prueba, de certeza, objetividad, legalidad y equidad, ya que en la resolución la responsable se limita a decir que el contenido de las declaraciones deben ser adminiculadas con los demás elementos de prueba, sin mencionar cuáles y en función de ellos, establecer su fuerza convictiva.

28.      Carecen de validez los testimonios rendidos, en virtud de que el notario público asienta que la declaración se hizo al “unísono”, es decir, a coro, situación que es completamente inverosímil, concatenado al hecho de que otros dos de los testigos fungieron como representantes del Partido Acción Nacional.

29.      La valoración del video aportado por el Partido Acción Nacional, es ilegal, ya que la autoridad responsable hace las siguientes afirmaciones, combatiéndolas el partido impugnante como se señala a continuación: a) que mediante los elementos de convicción pueden ser identificables “las personas”, así como el lugar donde se desarrollan los hechos; pero la única persona identificada en la proyección es Larisa Solórzano Villanueva; b) “que de los propios videos, no puede obviarse por quienes resuelven, que en el primero de ellos la persona que registró las imágenes va esclareciendo las circunstancias de lugar y de modo, a través de la narración que se escucha “con toda claridad” y a través de las cuales va haciendo el detalle de las personas que aparecen en el video, así como de las actividades que se desarrollan en el centro de votación aludido”; afirmaciones que, aduce el actor, ponen en duda los principios de certeza por resultar el sustento de la resolución impugnada; c) “que de la forma en que se desarrollaron los hechos se puede apreciar un cúmulo de irregularidades”; sin embargo, la autoridad no determina a cuáles se refiere ni indica su fuente; y, d) en el video se aprecia que una persona tuvo comunicación con el representante general del Partido Revolucionario Institucional, quien incluso sirvió de enlace para la entrega de documentos que al parecer correspondían a credenciales de elector; afirmación que al parecer del recurrente es “temeraria”, ya que se basa, agrega, en la presunción de hechos para concluirlos como actos de presión.

30.           Que se dejan de valorar las pruebas supervenientes aportadas en el recurso de apelación, las cuales, a su decir, fueron admitidas por el Presidente del Tribunal Electoral del Estado, mediante auto de fecha tres de agosto del año en curso y, posteriormente, se niega su análisis y valoración por parte del Pleno del referido órgano jurisdiccional al dictar la sentencia.

31.           La responsable no realizó el análisis correcto de los agravios que hizo valer en el recurso de apelación, para configurar debidamente el relativo a la solicitud de nulidad de votación recibida en las casillas 2031 básica y 2032 básica, al considerar que los argumentos expuestos se formularon de igual forma que en primera instancia. Afirmación que para el impugnante es incorrecta, ya que en su opinión sí se plantearon motivos de inconformidad tendentes a combatir las razones contenidas en la sentencia de primera instancia, quedando acreditado que los representantes de casilla de referencia son funcionarios municipales y, con su sola presencia, ejercieron presión sobre el electorado.

32.           El Tribunal Electoral responsable no analiza el agravio que impugna la personalidad del representante del Partido Acción Nacional y con ello viola los principios de certeza, legalidad y equidad.

SEXTO. Litis. En el caso que nos ocupa, en lo general, consiste en determinar si la sentencia de fecha siete de agosto del presente año, recaída al recurso de apelación pronunciada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en el Toca 30/2009-AP y sus acumulados 58/2009-AP y 59/2009-AP, fue emitida conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a las normas secundarias aplicables, y específicamente respecto a la determinación de declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas 2029 básica, 2029 contigua 1 y 2029 contigua 2; la negativa de declarar la nulidad en las diversas 2026 básica, 2029 contigua 2, 2030 contigua 1, 2031 básica, 2032 básica y 2033 básica, por haber ejercido presión sobre los electores; y, de todas las instaladas en el Municipio, en razón de haber expulsado ilegalmente a los representantes del partido Convergencia.

Ahora bien, dada la naturaleza especial del presente juicio y atendiendo a lo razonado en el considerando segundo relativo a la acumulación de los juicios interpuestos, se estima necesario establecer y determinar en lo individual los rasgos y características a los que deberá circunscribirse el examen de la litis en cada uno de los juicios instados, para lo cual deberá precisarse previamente la materia de los hechos no controvertidos.

Hechos no controvertidos. En el presente caso, se tiene que de los escritos de demanda, de los informes circunstanciados remitidos por la responsable, de los escritos de terceros interesados y de las resoluciones de primera y segunda instancia del Tribunal Electoral local, para la resolución del presente asunto, los siguientes hechos sustantivos se tienen por acreditados sin necesidad de prueba, al tratarse de hechos no controvertidos, en términos de lo establecido en el párrafo 1 del artículo 15 de la ley procesal electoral federal:

A. La nulidad de la votación recibida en las casillas 2029 básica, 2029 contigua 1 y 2029 contigua 2, decretada por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y confirmada en segunda instancia por el Pleno de la misma autoridad jurisdiccional, se funda sustancialmente en actos de presión debidos a la presencia de Larisa Solórzano Villanueva; quien de manera permanente estuvo presente en las casillas de referencia, en su carácter de representante general del Partido Revolucionario Institucional; que en el año dos mil seis, Larisa Solórzano Villanueva contendió como candidata por el indicado instituto político a la Presidencia Municipal de Pueblo Nuevo, no resultando electa; que es hermana del candidato postulado al mismo cargo en las recientes elecciones de manera común por el referido partido y el diverso Verde Ecologista de México; y que es una militante reconocida del Partido Revolucionario Institucional, la cual, en las imágenes de los videos que obran en el sumario como prueba, específicamente el día de la jornada electoral viste blusa café, suéter amarrado a la cintura y porta una bolsa color blanco.

B. Que José Luis González Vela fue candidato a primer regidor de la fórmula registrada por el Partido Político Convergencia a la elección de ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Guanajuato, y además representante de la mesa directiva de casilla 2033 básica, según lo concluye la Cuarta Sala Unitaria mencionada, en la resolución de fecha veintitrés de julio de la presente anualidad, lo cual además se corrobora con la copia certificada de la planilla registrada ante el Consejo Municipal de Pueblo Nuevo y de las actas de jornada electoral y escrutinio y cómputo que obran, la primera en copia al carbón, y la última en copia certificada, a fojas ciento setenta y siete, ciento ochenta y ocho y ciento ochenta, respectivamente, del cuaderno accesorio uno del expediente SM-JRC-115/2009, reconocimiento que igualmente realiza el Pleno del Tribunal Electoral local en la resolución combatida y que no fue controvertido por los partidos impugnantes.

C. Existió la presencia de personas que actuaron como representantes del Partido Acción Nacional que detentan un cargo en la actual administración municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato, según se estableció en la sentencia de primera instancia, la cual específicamente obra a foja setecientos ochenta del cuaderno accesorio uno de este expediente, y que se aprecia como a continuación se presenta:

Afirmaciones que coinciden con lo expresado por el Partido Político Convergencia en su escrito de demanda de juicio de revisión constitucional electoral y que además es sostenido por la responsable en segunda instancia, según se desprende de la foja cuatrocientos tres del cuaderno accesorio dos del expediente SM-JRC-115/2009. Por su parte, el Partido Acción Nacional, jamás confronta la representación partidista alegada, ni la condición de los empleados de la administración pública municipal, sino al contrario, a través de su comparecencia como tercero interesado en el juicio constitucional interpuesto por el partido Convergencia, afirma textualmente “…en la sentencia de apelación, el Pleno del tribunal electoral consideró atinada la valoración que hizo el a quo de las funciones pormenorizadas de cada uno de los funcionarios públicos que el día de la elección fungieron como representantes del Partido Acción Nacional…”, con lo cual se afirma sin lugar a dudas, que la información contenida en el cuadro esquemático antes señalado no está sujeta a controversia.

Por otra parte, relacionado con estos hechos ciertos, deben tenerse por acreditadas las actividades que realizan cada uno de dichos funcionarios, de conformidad con lo establecido en los informes rendidos por las autoridades municipales y después recogido en las sentencias recaídas en ambas instancias de la esfera local, siendo tales las siguientes:

Cecilia Sierra Delgado en su calidad de Sub-tesorero del municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato, le corresponden las siguientes funciones:

“(…)

1. Elaborar los cheques y entrega de los mismos a los proveedores y contratistas;

2. Elaborar y proponer al tesorero los procedimientos y métodos para mejorar el control interno;

3. Coadyuvar a difundir entre las diversas unidades administrativas, las disposiciones legales relacionadas con los asuntos de la Tesorería Municipal;

4. Aplicar las políticas y lineamientos en materia de control contable de acuerdo con lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; sus Reglamentos, manuales de operación, circulares y demás disposiciones aplicables;

5. Integrar la documentación de soporte de la emisión de los cheques; integrar los informes mensuales y de cuenta pública;

6. Programar previo acuerdo con el tesorero, los pagos a proveedores y contratistas;

7. Proporcionar información a los proveedores y contratistas de la programación de sus pagos así como, conformarle los mismos;

8. Llevar el registro y control de la deuda pública directa e indirecta del municipio, así como lo concerniente a las amortizaciones de capital y pagos de los intereses por el servicio de la misma;

9. Los que les confiera otros ordenamientos legales y las que le instruye el Presidente Municipal o Tesorero Municipal.

(…)”

Israel Razo Vela en su carácter de auditor de obra pública de la Dirección de Contraloría del municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato, tiene las siguientes funciones:

“(…)

1. Revisar y vigilar el proceso de ejecución de la obra;

2. Vigila que la obra pública se apegue a la normatividad correspondiente;

3. Llevar a cabo las revisiones documentales desde el expediente técnico validado, hasta su entrega recepción;

4. Verificar que la obra pública cuente con las garantías correspondientes;

5. Llevar a cabo las auditorías y en caso de irregularidad observarlo y (una vez analizados) haciéndole de conocimiento tanto al titular del área de la Contraloría Municipal, así como, al titular de la Dirección de Obras Públicas y el supervisor de la obra en mención, especificando la fundamentación del cual motivo (sic) el documento, así como los plazos para su implementación;

6. Apoyar en la instauración y substanciación de procedimientos administrativos por denuncias por el Órgano de Fiscalización Superior cuando se trata del ramo 33 treinta y tres y obra pública;

7. Apoyo al titular del área en las reuniones del comité de adquisiciones y a los concursos de licitación pública simplificada, etc., así como, a la entrega recepción de obras que se realizan en la administración pública municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato.

(…)”

José Israel Cervantes Ortega, auxiliar de catastro, del municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato, desempeña las siguientes responsabilidades:

“(…)

1. Elaboración de avalúos;

2. Verificación de medidas y colindancias señaladas en el avalúo a verificar.

(…)”

José Guadalupe Ramírez Jasso, en su calidad de encargado de Protección Civil, del municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato, le corresponde las siguientes atribuciones:

“(…)

1. Coordinar todas las acciones necesarias en el municipio, de las autoridades municipales, estatales o federales, así como de los organismos civiles, para realizar las tareas de prevención, atención de riesgos, siniestros o desastres en el municipio, hasta que la situación vuelva a la normalidad o cesen sus efectos;

2. Practicar visitas de inspección en todo tiempo, en lugares públicos o privados, para verificar si existe un riesgo para la seguridad pública o para cerciorarse de que se cumplan las medidas preventivas a que se tenga obligación;

3. Intervenir instalaciones, proceder a la destrucción, inmovilización y aseguramiento de materiales; suspender temporalmente las actividades y en su caso clausurar cuando así lo amerite, los establecimientos, aislar o evacuar áreas o zonas e implementar las demás medidas de seguridad, cuando a criterio del titular de protección civil, sea necesario para combatir un riesgo que por su magnitud o naturaleza constituye un peligro para la seguridad de la población.

(…)”

Las anteriores funciones son invocadas por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en su resolución, misma que obra en original en autos del cuaderno accesorio uno, del expediente SM-JRC-115/2009, concretamente en las consideraciones que se contienen a fojas setecientos ochenta vuelta a setecientos ochenta y uno vuelta, así como también en sus términos por el Partido Político Convergencia y reconocidas en idénticos términos en la resolución de segunda instancia hoy combatida, los cuales no fueron sujetos a controversia por los partidos Acción Nacional ni Revolucionario Institucional.

D. Que José Refugio Mares Witrago actuó como representante general del Partido Acción Nacional y detenta el cargo de Sub-director de Desarrollo Social Municipal en la localidad en mención, con las funciones de supervisión de los programas de insumos agrícolas, de obras por cooperación, de activos productivos y de ampliación de vivienda, según se desprende de lo sostenido por la responsable en su fallo que se encuentra integrado en original, y específicamente a foja cuatrocientos cuatro del cuaderno accesorio dos de este sumario, lo que resulta coincidentemente con lo que señala el partido Convergencia.

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Puntos controvertidos (Autoridad jurisdiccional responsable-Partido Político Convergencia). De los puntos considerativos en que se funda la sentencia, contrastados con los agravios expresados por los partidos políticos actores, aunados a los hechos descritos en el apartado anterior y declarados como firmes al no ser controvertidos, en términos del párrafo 1 del artículo 15 de la ley procesal electoral federal, se tiene que los puntos a determinar por esta autoridad jurisdiccional respecto a los agravios expuestos por el partido Convergencia son los siguientes:

1. Si Cecilia Sierra Delgado, Israel Razo Vela, José Israel Cervantes Ortega, José Guadalupe Ramírez Jasso y José Refugio Mares Witrago con los cargos que desempeñan en el Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Guanajuato, deben ser considerados con mando superior o, por el contrario, como empleados subalternos sin capacidad de decisión al exterior de la propia administración municipal.

2. Derivado de lo anterior, si su presencia como representantes del Partido Acción Nacional en las casillas 2026 básica, 2029 contigua 2, 2030 contigua 1 y 2032 básica, actualizan la hipótesis de nulidad de la votación recibida en ellas prevista en la fracción IX del artículo 330 de la codificación electoral de la referida Entidad.

3. Si ilegalmente fueron expulsados los representantes del partido Convergencia del total de las mesas directivas de casilla instaladas en el Municipio en cuestión, y si con ello se origina la nulidad de votación recibida en las mismas, de conformidad con lo que señala la diversa fracción VIII del artículo señalado.

4. De actualizarse la nulidad de votación recibida en las casillas demandadas, se originaría la nulidad de la elección por configurarse la causal específica prevista en el numeral 332, fracción I, de la multicitada norma local.

Puntos controvertidos (Autoridad jurisdiccional responsable-Partido Acción Nacional).

1. Si la determinación de la autoridad jurisdiccional responsable, al considerar que la presencia de José Luis González Vela en su calidad de representante del partido Convergencia ante la casilla 2033 básica, ostentándose a su vez como candidato a primer regidor por el mismo instituto político en la elección de Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Guanajuato, actualiza la hipótesis de nulidad de la votación recibida en dicha casilla prevista en la fracción IX del artículo 330 del código electoral del referido Estado.

 2. Si ilegalmente el Tribunal Electoral local, dejó de atender el video y las documentales ofrecidas y aportadas al recurso de apelación como pruebas supervenientes.

Puntos controvertidos (Autoridad jurisdiccional responsable-Partido Revolucionario Institucional).

1. Si los argumentos de la responsable, al sostener la valoración de las pruebas realizada en la resolución de primera instancia, es adecuada o por el contrario, como afirma el Partido Revolucionario Institucional, existe una deficiente o inadecuada determinación del valor y alcance de las pruebas en que se sustenta la nulidad de las casillas 2029 básica, 2029 contigua 1 y 2029 contigua 2 del municipio de Pueblo Nuevo, para justificar los elementos de la causal prevista en el referido numeral en su fracción IX, invocada y origen de la nulidad decretada, de no ser así, revertir la misma y hacer subsistir nuevamente el cómputo primigenio de la elección, en que resultaba triunfador el partido en mención, a través de la candidatura común postulada con el Partido Verde Ecologista de México.

2. Si José Refugio Mares Witrago con el cargo que desempeña en el Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Guanajuato, debe ser considerado como funcionario público con mando superior o, por el contrario, como empleado subalterno sin capacidad de decisión al exterior de la propia administración municipal.

3. Derivado de lo anterior, si su presencia como representante del Partido Acción Nacional en la casilla 2032 básica, actualiza la hipótesis de nulidad de la votación recibida en dicha casilla prevista en la fracción IX del artículo 330 de la legislación electoral de la referida Entidad.

4. Si fueron analizados exhaustivamente los agravios vertidos en el recurso de apelación relativos a la casilla 2031 básica.

5. Si ilegalmente la responsable dejó de atender las documentales ofrecidas y aportadas al recurso de apelación como pruebas supervenientes, las cuales a su decir fueron admitidas por auto de fecha tres de agosto del presente año, para en caso afirmativo, esta Sala Regional realice el estudio y valoración correspondiente.

6. Si se dejó de analizar la falta de personalidad del representante del Partido Acción Nacional.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Por cuestión de método, se analizarán los agravios que hacen valer los partidos actores conforme a la siguiente técnica de estudio.

En primer lugar, se verificarán aquéllos que están enderezados contra los argumentos de la autoridad jurisdiccional responsable en los cuales sustentó la declaratoria de nulidad de votación recibida en las casillas 2029 básica, 2029 contigua 1 y 2029 contigua 2.

Enseguida, se analizarán los motivos de inconformidad relacionados con las casillas 2026 básica, 2030 contigua 1 y 2032 básica, con respecto a esta última, se examinarán en su conjunto los hechos que hacen valer tanto por el partido Convergencia como por el Partido Revolucionario Institucional.

Debe precisarse que en el caso específico de la casilla 2029 contigua 2, ésta será objeto de análisis respecto del disenso planteado por el partido Convergencia, únicamente en el caso de que resulten procedentes los enderezados por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la anulación que de dicha votación determinara la instancia local, toda vez que de no prosperar estos últimos, carecería de razón lógica estudiar alegaciones dirigidas a justificar una nulidad ya decretada.

Posteriormente, se hará el pronunciamiento respecto a los agravios del Partido Revolucionario Institucional que sustentan la negativa de declarar nula la votación recibida en la casilla 2031 básica, y a continuación se realizará el estudio relativo a la casilla 2033 básica impugnada por el Partido Acción Nacional.

Por último, esta Sala Regional determinará lo que corresponda, respecto al agravio enfocado a justificar la expulsión de los representantes del partido Convergencia del total de las casillas instaladas en el municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato.

Método de estudio que en nada perjudica a los partidos impugnantes en atención a la jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 04/2000, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la foja 23 de la Compilación oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-1995 cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”

1. Casillas 2029 básica, 2029 contigua 1 y 2029 contigua 2.

En el presente apartado, se analizarán en primer lugar, los agravios hechos valer tanto por el Partido Acción Nacional, para robustecer la nulidad de la votación recibida en las casillas de mérito, con las pruebas supervenientes aportadas a su recurso de apelación las cuales le fueron desechadas y que constituye el motivo de agravio, así como los esgrimidos por el Partido Revolucionario Institucional relacionados con la admisión de los testimonios ofrecidos por aquél partido político, así como la negativa de valorar las diversas pruebas supervenientes también aportadas a su recurso de apelación.

Afirma el impugnante Partido Revolucionario Institucional que las pruebas aportadas por el diverso Acción Nacional, consistente en los testimonios rendidos ante la fe del licenciado Ángel Ramírez González, Notario Público número 8, con ejercicio en el partido judicial de Irapuato, Guanajuato con residencia en Pueblo Nuevo, Municipio de la misma Entidad Federativa, son prefabricadas en beneficio del partido oferente, las cuales, sólo las rendidas por Alberto Cabello Jáuregui, Evangelina Santillán Laguna y Adán Vargas Jáuregui, y recibidas en el testimonio público número quinientos sesenta y cinco de fecha seis de julio del presente año, fueron aportadas al recurso de revisión interpuesto por el Partido Acción Nacional y que el resto, es decir, las declaraciones rendidas, ante la fe del mismo fedatario público, por Andrea Córdoba López, José Juan Anda Ayala, Roberto Rodríguez Mosqueda, Gloria Seguedo Ayala y Jesús Francisco Acosta Estrada, fueron recabadas con posterioridad, aun cuando en la escritura pública número quinientos sesenta y ocho, se certifica que se hizo el día seis de julio. Lo anterior lo asevera el partido inconforme con el argumento de que los documentos fueron exhibidos por el Partido Acción Nacional junto con escrito de comparecencia como tercero interesado en el recurso de revisión interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, lo cual aconteció el día diecisiete de julio de la presente anualidad y no a su recurso de revisión presentado el trece anterior, con lo cual se presume que fueron elaboradas en beneficio de los intereses del ahora partido declarado como triunfador, al no exhibirse oportunamente.

Al efecto, dicho motivo de inconformidad debe declararse inoperante en razón de que éstos no fueron materia del recurso de apelación, tal y como lo afirma el Partido Acción Nacional en su escrito de comparecencia, de tal suerte que esta Sala Regional está imposibilitada por las razones expuestas en el considerando CUARTO del presente fallo a realizar su análisis debido al impedimento legal de suplir la deficiencia del agravio.

También el Partido Revolucionario Institucional alega que de manera ilegal, el Pleno del Tribunal Electoral local dejó de valorar los instrumentos públicos números seis mil treinta y tres y seis mil treinta y cuatro, expedidos por el licenciado Carlos Alberto Casas Razo, titular de la notaria pública número sesenta con ejercicio en el partido judicial de Irapuato, Guanajuato, con residencia en la misma ciudad, que contienen las declaraciones rendidas por Ma. Guadalupe Marina González Ordaz, Ma. Isabel Dueñas Zúñiga, Ma. Guadalupe Estrada Anda, Gaspar Salvador Ayala Martínez y Ma. Elena Cárdenas Muñoz, aportados como pruebas supervenientes a su recurso de apelación que, a su decir, fueron admitidas por el Magistrado Presidente mediante auto de fecha tres de agosto del presente año, y posteriormente desestimadas en la sentencia combatida por el Pleno del Tribunal responsable, por considerar que no tienen el carácter de supervenientes.

El agravio anterior se declara infundado ya que contrario a lo que afirma el actor, del auto de fecha tres de agosto del presente año, pronunciado en el recurso de apelación de referencia, no se desprende que las probanzas de mérito hayan sido admitidas, sino que las mismas se tuvieron por “aportadas” al medio impugnado, reservando para el Pleno del Tribunal, el pronunciamiento sobre las mismas al momento de dictar resolución de fondo, según se aprecia de la siguiente transcripción:

“…AUTO.- Guanajuato, Guanajuato, a tres de agosto del año 2009.

… con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 289 y 307 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como los numerales 82, 91, 92 y 93 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del estado de Guanajuato, admítase el presente recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos Licenciados Efraín Solórzano Villanueva y Carlos Torres Ramírez, con el carácter de Representantes del Partido Revolucionario Institucional …

… Asimismo, se tiene a los promoventes por aportando las documentales que adjuntaron a su escrito de impugnación, de las cuales este órgano colegiado emitirá pronunciamiento en la sentencia de fondo; así como la presuncional legal y humana. Lo anterior con fundamento en los artículo (sic) 287, 317, fracciones I y II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

…”

[El texto subrayado es destacado por esta autoridad]

Al respecto, la autoridad responsable consideró en el fallo, lo siguiente:

“…En otro orden de ideas, debe señalarse que en el capítulo de antecedentes del medio de impugnación, el ahora recurrente enuncia dos instrumentos notariales, los número (sic) 6,033 y 6,034, expedidos por el Notario Público número 60 de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, el Licenciado Carlos Alberto Casas Razo, en los que obran testimonios de los ciudadanos Ma. Guadalupe Marina González Ordaz, Ma. Isabel Dueñas Zúñiga y Ma. Guadalupe Estrada Anda, quienes fungieron como miembros de mesa directiva de casilla, dentro de la sección 2029 básica; así como los ciudadanos Gaspar Salvador Martínez y Ma. Elena Cadenas Muñoz, quienes fueron funcionarios dentro de la mesa directiva de la casilla número 2029 contigua 1.

A juicio de esta Sala de Segunda Instancia, dichos documentos deben ser desestimados, pues no ostentan el carácter de supervenientes, no obstante que el apelante exprese la importancia del contenido de los mismos.

Se arriba a dicha conclusión, en atención a que las pruebas que ostentan el carácter de supervenientes, son aquellas que surgen con posterioridad al plazo legal en que deban aportarse, y que no pudieron ser ofrecidas o aportadas por los partidos políticos, ya sea porque las desconocían o por existir obstáculo que no estaba a su alcance superar.

De igual forma, dentro del código comicial para el Estado de Guanajuato, existe disposición legal que de manera específica establece la prohibición de adjuntar medios de prueba para el recurso de apelación, salvo los casos de las llamadas pruebas supervenientes, precepto cuyo contenido sirve de guía a este órgano colegiado, y que a continuación se inserta:

Artículo 287.- [Se transcribe]

Conforme a lo anterior, la legislación electoral local establece la prohibición de admitir probanzas en el recurso de apelación, salvo los supuestos señalados; en la especie, como ya se ha mencionado, las pruebas adjuntadas por el Partido Revolucionario Institucional para la presente instancia, no pueden ser tomadas en consideración, pues las mismas adolecen de la característica de superveniencia; además de que no eran desconocidas, ni tampoco existía obstáculo insalvable, para que el recurrente las adjuntara en el momento procesal oportuno.

Dicho momento procesal oportuno, indudablemente corresponde a la primera instancia, relativa al trámite y resolución de los recursos de revisión promovidos por el ahora inconforme, el Partido Acción Nacional y Convergencia.

En los respectivos autos de radicación, que pueden consultarse dentro de las constancias que conforman el expediente de primera instancia, se observa que con tal carácter se le concedió un plazo a efecto de que hiciera alegaciones y manifestara lo que a su interés convenía, en los recursos promovidos por los diversos partidos políticos mencionados.

Por tal motivo, a juicio de quien resuelve, es en dicha oportunidad cuando válidamente el Partido Revolucionario Institucional debió haber adjuntado todas aquellas pruebas necesarias, o que consideraba pertinentes en defensa de sus intereses.

En tales condiciones, debe de resolverse que para este medio de impugnación, no es posible valorar documentales o cualquier medio de prueba anexado por los institutos políticos, salvo que efectivamente tengan el carácter de supervenientes, y es por ese motivo por el que esta Sala de Segunda Instancia no puede pronunciarse en relación al contenido de los mismos.

También sirve de apoyo a lo sostenido en este punto considerativo, la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro se ingresan al contenido de esta resolución.

“PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE.-…”

Es incorrecta la apreciación del Partido Revolucionario Institucional cuando afirma que al dejar de valorar las referidas pruebas, revoca ilegalmente el acuerdo del Presidente del Tribunal señalado, que radicó y admitió el recurso, pues dice que con meridiana claridad de la redacción contenida en el acuerdo que las tuvo por “aportadas”, debe considerarse que las pruebas fueron admitidas y que en consecuencia debieron valorarse conforme lo establecen los artículos 317, 318 y 321, del código electoral local.

Al respecto, debe precisarse que los artículos invocados señalan lo siguiente:

“Artículo 317.- En materia electoral solo podrán ser aportadas por las partes, las siguientes pruebas:

I. Documentales;

II. Presuncional;

III. Inspección, solo para efectos de la sustanciación del procedimiento especial de sanción; y

IV. Pericial, en el supuesto previsto en el artículo 44 Bis 2, fracción VII de este Código.

Las pruebas a las que se refieren las fracciones III y IV de este artículo, podrán ser aportadas o en su caso practicarse por el órgano jurisdiccional para mejor proveer.

Artículo 318.- Para los efectos de este Código serán documentales públicas:

I. Las actas de la jornada electoral de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla, así como las de los cómputos distritales y de las municipales. Serán documentos oficiales los que consten en los expedientes de cada elección;

II. Los demás documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;

III. Los documentos expedidos por las demás autoridades federales, estatales y municipales, dentro del ámbito de sus facultades; y

IV. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la Ley, y siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten.

Artículo 319.- Serán documentales privadas todas las demás actas o documentos que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.

Igualmente se considerarán documentales privadas todos aquellos medios que capten, impriman o reproduzcan imágenes que tienen por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos. En este supuesto, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.”

[El texto subrayado es destacado por esta autoridad]

Por otra parte, el artículo 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato señala: “Las documentales públicas harán prueba plena. Las documentales privadas podrán libremente ser tomadas en cuenta y valoradas por el Tribunal del Estado de Guanajuato al resolver los recursos de su competencia (…)”.

Así entonces, en opinión de este órgano jurisdiccional, el Tribunal responsable ajustado a derecho tuvo por aportados los medios probatorios, es decir, reconoció su existencia y exhibición en el medio de impugnación, los cuales fueron integrados al Toca de apelación para que en el momento legal oportuno, el Pleno determinara respecto a su admisión y valoración o desestimación, como en la especie ocurrió, sin que pueda entenderse, como lo alega el partido inconforme, que de la redacción citada en el proveído correspondiente, se pueda considerar que aquéllos fueron admitidos, ya que ésta última determinación no puede ser sustituida por otro vocablo que amerite interpretación, es decir, para considerar que las pruebas fueron admitidas debe existir la manifestación expresa de la autoridad competente, situación que no acontece en el presente caso.

Ahora bien, respecto a la disconformidad con la negativa del órgano jurisdiccional responsable de reconocer como pruebas supervenientes a las documentales aportadas, el partido afectado manifiesta que las mismas no se encontraban a su alcance, pues surgen a merced de que al percatarse –quienes declaran– por los medios de comunicación que se había revertido el triunfo del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Pueblo Nuevo, acudieron por voluntad propia a rendir su testimonio ante el notario público de referencia, en atención a que ellos fueron miembros de las mesas directivas de casillas anuladas, siendo de su interés dejar asentado que no se había presentado ninguna irregularidad el día de la jornada electoral, concluyendo –quien alega– que la Sala responsable no tomó en cuenta tales circunstancias, ya que en caso contrario, hubiera concluido que sí tenían el carácter de supervenientes.

No son suficientes las razones del impugnante para que se estime fundado el agravio, atendiendo a que si bien afirma que los integrantes de las mesas directivas de casilla acudieron libremente a rendir su testimonio con fecha posterior a la presentación del medio de impugnación, también lo es, que de ninguna manera precisa cómo fue que tales documentos llegaron a su poder para entonces estar en condiciones de aportarlos como prueba, por lo que, atendiendo a lo que dispone al artículo 288, párrafo séptimo, del código electoral local que determina: “Interpuesto el recurso, no podrán ampliarse los agravios mediante promociones posteriores ni adicionarse o promoverse pruebas”, por lo que no es posible darles la calidad de supervenientes, y en su caso deban ser valoradas para resolver el fondo de la controversia, siendo que además tales hechos no fueron conocidos y resueltos por la Sala primigenia, cuya resolución fue combatida a través del recurso de apelación de fallo impugnado en esta instancia federal.

De igual forma, resulta fundado pero inoperante el agravio hecho valer por el Partido Acción Nacional mediante el cual impugna la negativa de la autoridad jurisdiccional responsable para reconocer la calidad de supervenientes a las pruebas aportadas a su escrito de comparecencia como tercero interesado en el recurso de apelación interpuesto por los partidos Revolucionario Institucional y Convergencia, consistentes en un video y las declaraciones rendidas por Ma. Soledad Lara, Arturo Navarro Ayala, Ma. Soledad Acosta Estrada, Celia Estrada Acosta, Irma Jiménez Estrada y Sara González Mendoza, ante la fe del notario público número ocho en el partido judicial de Irapuato, Guanajuato y residencia en Pueblo Nuevo de la misma Entidad Federativa.

Al efecto, la responsable consideró que en razón a que las pruebas aportadas tenían como propósito acreditar la identidad de Martín Mosqueda García quien, a decir del partido impugnante, era la persona que impedía el libre acceso a las casillas anuladas, según el video aportado y valorado en primera instancia; luego entonces, razona la autoridad resolutora, al conocer dichos hechos, el partido debió aportar las pruebas necesarias para acreditar los mismos a su recurso de revisión, con independencia de la existencia o no del video que dice tuvo conocimiento con posterioridad; con lo anterior esta Sala Regional considera que la autoridad motivó debidamente la negativa impugnada; sin embargo, le asiste la razón al partido impugnante cuando afirma que la responsable omite fundar su determinación, situación que evidentemente se advierte cuando en particular se pronuncia respecto al estudio de las pruebas en comento aportadas por el Partido Acción Nacional, según consta en fojas trescientos noventa y nueve (vuelta) del cuaderno accesorio dos del expediente SM-JRC-115/2009; no obstante debe referirse que dicha omisión es insuficiente para tener por admitidos dichos medios de convicción, ya que los motivos vertidos por la responsable son conforme a Derecho en los términos de las disposiciones legales ya citadas con anterioridad, al momento de analizar el agravio que en los mismos términos realiza el Partido Revolucionario Institucional, los cuales se deberán tener por reproducidos en el presente apartado a fin de evitar innecesarias repeticiones.

Precisado lo anterior, es de señalarse que el Partido Revolucionario Institucional alega que la autoridad responsable desestimó, de manera inconstitucional e ilegal, los agravios rendidos en el recurso de apelación para sostener la validez de la votación recibida en las casillas 2029 básica, 2029 contigua 1, y 2029 contigua 2, confirmando en consecuencia su nulidad; además, afirma el partido que para acreditar los elementos sustantivos de la configuración de la causal invocada, valora incorrectamente las pruebas aportadas por el Partido Acción Nacional recurrente –nueve declaraciones rendidas ante notario público, tres videos y once fotografías– otorgándoles valor probatorio pleno cuando sólo merecen valor indiciario.

Relacionados con los agravios en estudio, el Tribunal Electoral responsable concluyó en la sentencia impugnada lo siguiente:

“…Ahora bien, en relación a la causal de nulidad de votación en casilla, prevista por la citada fracción IX del artículo 330 del código comicial, el propio recurrente afirma que en la misma no fue atendido el requisito de la determinancia, a fin de poder estar en situación de considerar la nulidad de la votación respectiva.

De igual forma, es infundada esta parte del agravio, pues tal como se desprende de la resolución primigenia, a foja 113, se puede analizar que la Cuarta Sala Unitaria se pronunció en relación a los elementos de la determinancia, y en consecuencia, concluyó la necesidad de decretar la nulidad de las casillas 2029 B, 2029 C1 y 2029 C2.

La sala de origen obtuvo el porcentaje medio de votación del partido apelante en el municipio de Pueblo Nuevo, que según lo asentado en la propia sentencia recurrida osciló en el 35%, lo que comparado con los porcentajes obtenidos en las casillas impugnadas, que eran de entre el 48 y 57%, dichas cantidades sirven de parámetro para arribar a la conclusión a la que llegó el a quo en el sentido de que la votación en las casillas de mérito fue muy superior al resto de las secciones del mismo municipio, y en la especie, dicha votación fue favorecedora a los intereses del Partido Revolucionario Institucional.

Como pudo constatarse, dentro de la sentencia analizada quedaron demostrados los actos de presión que fueron ejercidos sobre los electores; y de igual forma, se pudo demostrar que dichas irregularidades influenciaron la votación percibida en las tres casillas ya señaladas, lo que constituyó la determinancia y por ende, que dichas votaciones hubieran estado sesgadas a favor de los intereses del ahora apelante.

Ahora bien, respecto de la determinancia en su aspecto cualitativo, el recurrente expresa que este aspecto se configura en base a las circunstancias de modo, lugar y tiempo que permitan deducir y en su caso comprobar si los actos de presión fueron determinantes para el resultado de la votación.

A juicio de quien resuelve, la Sala de Primera Instancia estableció de manera puntual, todas aquellas circunstancias que derivado de los elementos de prueba analizados, constituyeron las circunstancias temporales de lugar y de modo que establecieron los actos de presión llevados a cabo por la representante general del Partido Revolucionario Institucional.

(…)

No obstante, debe advertirse que precisamente y acorde a lo ya resuelto, a la luz de los indicios que arrojaron los videos y los testimonios adjuntados, en un sano raciocinio y debido a la concordancia y relación que guardaban los mismos, la sala primigenia determinó anular la votación de las secciones materia del presente estudio (…);

… Acorde a lo establecido en la tesis relevante invocada, debe señalarse que no asiste razón al apelante respecto de los testimonios objetados, puesto que soslaya el hecho de que en la resolución que se revisa, el a quo precisó su determinación de concederles valor indiciario, en la medida en que son coincidentes en lo esencial, con otros elementos de convicción obrantes en el expediente, como lo son la hoja de incidentes obrante a foja 519 del expediente de origen y los restante testimonios existentes en autos, provenientes de terceros, cuestión ésta que no controvierte el promovente, de modo que la valoración efectuada por la Sala de primer grado debe subsistir en sus términos.

Con mayor razón, dicha determinación se hace extensiva a los demás testimonios que fueron materia de análisis por la sala resolutora, pues su contenido es digno de tomarse en cuenta, en vista de que fueron producto de las afirmaciones realizadas por diversos electores que sufragaron en las casillas motivo de la impugnación.

Contrario a lo aseverado por el Partido Revolucionario Institucional, los testimonios o declaraciones realizadas ante notario público, pueden ser válidamente tomadas en consideración por los órganos jurisdiccionales, no obstante que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, no señale dentro de su catálogo de pruebas las de carácter testimonial.

En efecto, como puede observarse en el artículo 317, que ya se encuentra inserto en esta parte considerativa, la codificación electoral guanajuatense no contempla las pruebas de carácter testimonial; no obstante lo anterior, el artículo 318, fracción IV es claro al señalar que pueden ingresarse a los autos los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública, y siempre que se consignen hechos que les consten.

En este orden de ideas, los testimonios sujetos a cuestionamiento por el impetrante, perfectamente encuadran en el sistema de medios de prueba vigente en el estado de Guanajuato, con independencia de que en principio solo les corresponda un valor indiciario.

(…)

Por último, en el primer agravio hecho valer por el ahora apelante, concluye estableciendo que la sala responsable refirió que la ciudadana Larisa Solórzano desplegó una serie de funciones fuera de las que legalmente tenía permitidas como representante general del Partido Revolucionario Institucional, por lo que, en su concepto, en el sumario y de las pruebas ofrecidas por el Partido Acción Nacional no se demuestra que su representante general hubiera ejercido tales actos.

A lo anterior, esta Sala de Segunda Instancia, debe señalar que no le asiste la razón al impugnante, pues de la propia sentencia, y dentro de las fojas identificadas como las números 96 a 129 de la resolución de primera instancia, se establecieron todos aquellos argumentos que, basados en los elementos de convicción obrantes en autos, determinaron que el a quo se pronunciara en el sentido de tener por demostrados los actos de presión ejercidos por la representante general del Partido Revolucionario Institucional, además de hacer las precisiones para considerar configurada la determinancia dentro de las casillas 2029 B, 2029 C1 y 2029 C2, lo que eventualmente se tradujo en la anulación de la votación en estas secciones.

(…)

Del análisis realizado al video que como prueba fue presentado dentro de la instancia de revisión, así como de la sentencia que fue impugnada, puede apreciarse que contrario a lo expresado por el apelante, la resolución no adolece de falta de fundamentación y motivación, tal y como también ya fue expresado al dar contestación al agravio primero.

Se arriba a dicha conclusión, pues el contenido de los videos, resultan ser elementos de convicción suficientes que concatenados con los testimonios sobre los que esta Sala de Apelación ya tuvo oportunidad de pronunciarse, si constituyen indicios suficientes, que al tenor de lo preceptuado por el segundo párrafo del artículo 320, hicieron prueba plena, pues a juicio de la responsable, de la relación que guardaban y del sano raciocinio entre los mismos, además de las afirmaciones vertidas, no dejaban duda e hicieron prueba plena para demostrar los actos de presión que fueron ejercidos por la representante general del Partido Revolucionario Institucional.

En efecto, una vez que esta Sala Plenaria se ha impuesto del contenido del material filmográfico, del mismo se pueden observar todas aquellas circunstancias que en la especie se tradujeron en irregularidades, más concretamente, en actos de presión e incluso de proselitismo, que fueron implementados por el partido apelante, a través de su representante general.

Como puede apreciarse de la sentencia de primera instancia, el Magistrado a fojas 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115, hace el detalle de todos aquellos elementos que pueden apreciarse en el video y que en suma, constituyen todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que fueron registradas por la persona que recabó dicho documento; por lo que contrario a lo solicitado por el Partido Revolucionario Institucional, en la especie, dichos documentos técnicos sí contienen todos los elementos necesarios para establecer la identidad de las personas, particularmente de la representante general del ahora impugnante, cuestión que además se encuentra reconocida por el hoy inconforme, lo mismo que el lugar donde se desarrollaron los hechos, esto es, el centro de votación que se ubicó en la Escuela Vicente Guerrero de la comunidad de Yostiro, donde se instalaron las casillas 2029 B, 2029 C1 y 2029 C2.

Del análisis de los propios videos, no debe obviarse por quienes esto resuelven, que en el primero de ellos, la persona que registró las imágenes va estableciendo las circunstancias de lugar y de modo, a través de la narración que se escucha con toda claridad, y a través de los cuales va haciendo el detalle de las personas que aparecen en el video, así como de las actividades que se desarrollaron en el centro de votación aludido, además de que el Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria resolvió y así se aprecia, los actos irregulares en que incurrieron la representante general del apelante y las diversas personas que de acuerdo a la sentencia fueron detalladas, esto con independencia de la duración de la video grabación, pues igualmente los testimonios concuerdan en destacar las citadas anomalías y las refieren respecto de la jornada.

De igual forma, no pasa desapercibido para este órgano plenario, que el apelante tanto en su agravio primero, como en este segundo que ahora se analiza, aduce que las actas oficiales que se derivaron de las casillas analizadas, específicamente las actas 1 y 2 de instalación y cierre de casilla; el acta 3 de escrutinio y cómputo; así como las hojas de incidentes, no hacen constar ninguna de las irregularidades que fueron aducidas por el Partido Acción Nacional en el primigenio recurso de revisión; lo que en su concepto demuestra la inexistencia de las violaciones que se reclamaron.

Sin embargo, contrario a lo aseverado por el impetrante, esta Sala Plenaria determina que no le asiste la razón, pues debe concluirse que no necesariamente las violaciones configuradas deben patentizarse dentro de los documentos oficiales, pues incluso el propio Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establece la factibilidad de presentar escritos de protesta, los cuales pueden adjuntarse dentro del desarrollo de la jornada electoral o bien, en la sesión de cómputo municipal.

En las condiciones anotadas, para este órgano jurisdiccional también constituye un hecho indubitado, pues las pruebas y las manifestaciones de las partes en autos son coincidentes, que en el centro de votación ubicado en la Escuela Vicente Guerrero, en la comunidad de Yostiro, la fila de electores se ubicó en la parte externa de la Escuela, incluso en las imágenes de video se observa una amplia fila de votantes ubicados en la calle, a un costado del muro perimetral de dicha institución educativa, y dicha fila llega hasta un portón de dos hojas o verja de acceso a la Escuela, que igualmente se observa cerrado en varias imágenes de video.

Sobre este punto debe señalarse que la sola ubicación de la fila de votantes en la parte exterior del edificio, constituye un hecho que impide el debido cumplimiento de las responsabilidades legales que corresponden a un presidente de mesa directiva de casilla, que derivan de lo establecido por los artículos 162 y 221 del código comicial, pues a dichos funcionarios les corresponde ejercer la autoridad, con la finalidad de preservar el orden en la casilla y asegurar el libre acceso de los electores.

Ciertamente, sobre la decisión de ubicar la fila de votantes en la parte externa del edificio, no existen en autos elementos suficientes para atribuirla a alguien en particular; empero, ello no constituye óbice para estimar que dicha circunstancia fáctica, aunada al hecho de que los funcionarios de las mesas directivas de casilla se encontraban en el interior de las aulas que fueron habilitadas como casillas, eventualmente contribuyeron al despliegue de las irregularidades reseñadas en la resolución que se revisa.

Bajo tales condiciones, el Tribunal Electoral considera que de acuerdo a como se desarrollaron los eventos y quedaron constatados en las probanzas sujetas a valoración, la circunstancia de que el control de acceso al centro de votación fuera ejercido por persona no identificada, aunado a los actos desplegados por la representante general del Partido Revolucionario Institucional, que por las razones anotadas estuvieron alejados de la vigilancia o fiscalización de los presidentes de las mesas directivas de casilla, conducen a reconocer que en el caso, se careció de las necesarias o suficientes condiciones de control que garantizaran tanto el libre acceso de los electores al centro de votación, como la inexistencia de conductas atentatorias contra el principio de libertad del sufragio, al igual que en relación a los diversos principios de legalidad, objetividad y certeza, rectores de la material (sic) electoral.

De tal forma, el enlace racional entre los hechos que se encuentran plenamente demostrados o reconocidos por las partes, y los indicios que se obtienen de las pruebas técnicas y testimoniales que han sido objeto de valoración, permiten establecer fundadamente una presunción humana en relación a la efectiva realización o despliegue de conductas irregulares por la representante general del Partido Revolucionario Institucional y otras personas que intervienen de manera concertada con ella, alterando la realización y desarrollo de la jornada electoral y trastocando con ello, la validez de los resultados o votaciones obtenidas en las casillas correspondientes.

Con respecto al ilegal control del acceso al centro de votación, que quedo (sic) evidenciado y demostrado en la resolución que se revisa, en base a las pruebas aportadas en la primera instancia, cabe enfatizar que la codificación electoral local, no autoriza el establecimiento de controles de acceso a los centros de votación o a las secciones, solamente faculta a los presidentes de casilla a dictar medidas para el desarrollo ordenado de la votación.

Sin embargo, los elementos probatorios a que se ha aludido, dan cuenta testimonial y visualmente de que existieron controles injustificados de acceso a centro de votación, y que además, los presidentes de las mesas directivas de casillas no corrigieron esas anomalías, al tenor de lo dispuesto por el ya señalado artículo 221, del código de la materia.

En abono a lo anterior, debe señalarse que tampoco pasa por alto para esta Sala Colegiada, que la autoridad primigenia, en ejercicio de sus facultades para mejor proveer, requirió al Consejo Municipal Electoral de Pueblo Nuevo, a efecto de que informara si existió algún acuerdo o instrucción relativo al establecimiento de controles de acceso en las casillas.

Con base en lo anterior, y según puede apreciarse en los autos del recurso de revisión, en específico en la foja 651, se encuentra el oficio que da respuesta al requerimiento formulado por el a quo, donde el Secretario del Consejo Municipal, el ciudadano Alejandro Sáenz Prieto, informó lo siguiente:

“…SE TUVO CONOCIMIENTO EN ESTE CONSEJO QUE EN ALGUNAS CASILLAS LOS PRESIDENTES, ANTES DE DAR INICIO A LA VOTACIÓN DESIGNARON A UN ESCRUTADOR A EFECTO DE QUE MANTUVIERA EL ORDEN Y, EN SU CASO, DIRIGIERA A LAS PERSONAS A LA CASILLA EN LA QUE HABRÍA DE VOTAR, EN ESPECÍFICO EN LA CASILLA 2029 BÁSICA, 2029 CONTIGUA 1 Y 2029 CONTIGUA 2”.

De la anterior descripción, puede colegirse que se tuvo conocimiento que los presidentes designaron a un escrutador, a efecto de mantener el orden y poder dirigir a los electores a las casillas; no obstante, lo que en realidad aconteció fue que se ejerció un control y se impidió el libre acceso a los votantes, lo que concatenado con las irregularidades que fueron demostradas, fue lo que a la postre generó la convicción en el resolutor de primera instancia, para declarar la nulidad en las secciones de referencia.

Este aspecto y la información vertida por la autoridad administrativa electoral municipal deben revisarse cuidadosamente, pues la información proporcionada por el citado Consejo, en modo alguno explica o justifica la presencia de personas de sexo masculino, en la puerta o reja de acceso al centro de votación, a quienes se atribuyeron conductas irregulares vinculadas a la obstaculización del acceso a los votantes.

Dicha consideración se sustenta en que, la revisión pormenorizada de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas materia del presente análisis, que valoradas a la luz de los artículos 318, fracción I y 320 del código de la materia, hacen prueba plena al ser documentales públicas, permite establecer como un hecho plenamente demostrado, que en las tres casillas que ocupan nuestra atención, solamente fungieron como escrutadores personas del sexo femenino.

En las condiciones anotadas, y aún en el supuesto de que los presidentes hubiesen designado a un escrutador para establecer el orden, esta situación no justifica el mencionado control que se ejerció en el acceso, pues lo lógico era que si la designación recayó en un escrutador, dicha persona fuera del sexo femenino y no como en realidad ocurrió, en una persona del sexo masculino, que el a quo referenció con sumo detalle en la resolución combatida.

Esta circunstancia desde luego genera convicción, producto de una presunción humana derivada del enlace lógico de las pruebas, del sano raciocinio y de las máximas de la experiencia, en relación a que hubo una persona que se dedicó a ejercer el control de acceso a las casillas, que estuvo en comunicación en diversas ocasiones con la representante del Partido Revolucionario Institucional, lo cual se observa con claridad en las imágenes de video y lo señalan diversos testigos, y se ha descartado que dicha persona fuese alguno de los escrutadores de las mesas directivas de casilla, por lo que carecía de autorización o justificación de ninguna índole para que impidiera el acceso de manera libre a los votantes.

De igual forma, el impetrante afirma que de ninguno de los testimonios se advierte que la persona que se aprecia en el video ejerciendo control en el acceso de la casilla, fuera su representante general, sino lo que se advierte es que era otra persona la que según su decir organizaba la fila y le indicaba a las personas a cuál de las tres filas debían acudir para ejercer el voto.

A lo anterior debe decirse que según lo planteado en la resolución, la sala de origen determinó que esta persona que aparece en el video estuvo en comunicación con la Representante General del Partido Revolucionario Institucional y que incluso sirvió de enlace respecto de la entrega de documentos que al parecer correspondían a credenciales de elector, más aún, si como lo sostiene el recurrente esa persona que organizaba la fila solo indicaba a las personas a cuál de las tres filas debían acudir, se apreciaría fluidez en la fila de acceso a la escuela donde se ubicaron las casillas de mérito y no un constante bloqueo que es lo que se aprecia según la narración que realiza la responsable.

Por último, debe advertirse que el apelante señala en su primer y segundo agravio que es incorrecto que la responsable haya mencionado que su Representante General estuvo de manera permanente en la casilla; situación que bajo su apreciación es incorrecta, a lo anterior debe señalarse que dentro de la sentencia de origen, la sala hace precisiones en relación al tiempo de permanencia en la casilla por parte de la C. Larisa Solórzano, tal y como se aprecia de la sentencia de primera instancia conforme a lo siguiente:

“…y luego se observa que se dirige al interior; a diferentes horas del día 9:47 nueve horas con cuarenta y siete minutos, A.M., 11:24 once horas con veinticuatro minutos A.M. y 5:10 cinco horas con diez minutos P.M. lo que sin duda, hace presumir que Larisa pasó la mayor parte de la jornada electoral marcando su presencia en diferentes puntos, tanto dentro como fuera de la línea de ingreso al centro de votación y dentro de las instalaciones con las personas que ya habían accesado.”

Con lo anterior, queda de manifiesto que no obstante la autoridad primigenia haya hecho el señalamiento de que la Representante General estuvo constante en el área de ubicación de las casillas, lo cierto es que como se colige en forma clara acorde a la transcripción anterior, precisó las horas que de acuerdo (sic) uno de los videos y los testimonios se pudieron obtener.

Por lo anterior, esta Sala de Segunda Instancia concluye que es infundado el agravio segundo expresado por el Partido Revolucionario Institucional. …”

[Texto resaltado por esta autoridad]

Al respecto, le asiste la razón al partido impugnante y se declaran fundados los agravios relacionados con la afirmación anterior, ya que una vez analizados las consideraciones de hecho y de derecho que sustentan la resolución combatida y las que motivaron y fundamentaron la resolución de primera instancia, en relación con los agravios encaminados a justificar la legalidad de la votación recibidas en las casillas de referencia, se justifican las violaciones que se manifiestan de manera sintetizada en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 28 y 29 del apartado correspondiente de esta sentencia, ya que en opinión de este Tribunal Electoral federal, las pruebas aportadas por el Partido Acción Nacional para justificar la causal de nulidad de votación recibida en aquéllas, fueron ilegalmente valoradas, careciendo en consecuencia la resolución impugnada de fecha siete de agosto del presente año, de una debida fundamentación y motivación por los motivos que a continuación se señalan.

La declaratoria de nulidad de la votación recibida en las casillas de análisis se sustentó en la actualización del supuesto contenido en la fracción IX del artículo 330 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que al efecto establece:

“Artículo 330.- Se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos:

(…)

IX. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que estos hechos sean determinantes para el resultado de la votación;

(…)”

El precepto en el cual se funda la causa invocada prescribe que será nula la votación de una casilla cuando se ejerza violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Los valores que protege el anterior supuesto normativo son los de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en la emisión del sufragio de los electores, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los integrantes de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida en una casilla expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, la que se vicia con los votos emitidos bajo presión o violencia.

A fin de que pueda actualizarse la causal de nulidad de mérito, es preciso que se acrediten plenamente tres elementos:

a)    Que exista violencia física o presión;

b)    Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; y

c)    Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Respecto del primer elemento, por violencia física se entienden aquellos actos materiales que afecten la integridad física de las personas, en tanto que la presión implica ejercer apremio o coacción moral sobre los individuos, siendo la finalidad en ambos casos el provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva; lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con clave S3ELJ 01/2000, cuyo rubro es “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO (Legislación del Estado de Guerrero y similares)”, consultable en las páginas 312-313, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005.

El segundo elemento, requiere que la violencia física o presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

En cuanto al tercero, es necesario que el demandante demuestre los hechos relativos, al precisar las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los sucesos generadores de la causal de nulidad y si los mismos fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate.

Respecto a los dos últimos elementos mencionados, sirve de sustento la jurisprudencia S3ELJ 53/2002, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del Estado de Jalisco y Similares)”, consultable en la páginas 312, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005.

Para establecer si la violencia física o presión es determinante para el resultado de la votación, se han establecido los siguientes criterios.

De acuerdo al aspecto cuantitativo o numérico, se debe conocer con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo presión o violencia, para comparar este número con la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación de la respectiva casilla; así, en el caso de que el número de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es determinante para el resultado de la votación en la casilla.

También podrá actualizarse este tercer elemento en base al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en autos las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren que durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que los electores estuvieron sufragando bajo alguna de esas circunstancias, afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto.

En cumplimiento al marco jurídico señalado, es claro que el Tribunal responsable dejó de ajustarse al mismo cuando de manera conjunta hace la valoración de los elementos probatorios aportados en autos para justificar los elementos de la causal invocada, según a continuación se explica.

La autoridad primigenia valoró que de acuerdo con los testimonios rendidos por dos representantes del Partido Acción Nacional y siete ciudadanos, conjuntamente con un escrito de incidentes presentado por el Partido del Trabajo, tres videos y 11 fotografías extraídas del “CD-R COMPACT disc RECORDABLE Supremas 700 MB”, identificado con la leyenda “Fotos” y dos rúbricas, en bolígrafo negro, mismo video resultaban suficientes para justificar que Larisa Solórzano Villanueva, hermana del candidato contendiente al cargo de Presidente Municipal por el Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato, de manera permanente durante la jornada electoral realizó actos de presión y proselitismo a fin de que los electores votaran a favor del partido que representa.

Al momento de valorar las declaraciones antes señaladas, la Cuarta Sala Unitaria manifiesta:

“…Testimonios todos estos, que si bien tienen un valor indiciario en lo individual, también lo es que en su conjunto generan convicción en los términos previstos en la fracción IV del numeral 318 trescientos dieciocho, del Código de instituciones y procedimientos electorales en vigor…

…los anteriores elementos de prueba, si bien es cierto, que tienen en lo individual sólo un valor de indicio como se dijo, no menos verdad es que, al ser analizados en su conjunto, en cuanto los hechos en ellos afirmado, la verdad conocida, y el sano raciocinio de la relación que guardan entre sí, no dejen dudas, por lo que, resultan suficientes en los términos del artículo 320 trescientos veinte del ordenamiento que rige en el Estado, para tenerse por demostrado, como hechos cierto, pues como de ellos se desprende, que a lo largo de la jornada electoral “Larisa”, no solo intervino de manera personal y directa en las funciones de las casillas, …”

[Lo subrayado es resaltado por esta Sala Regional]

Ante la inconformidad del Partido Revolucionario Institucional, el Pleno del Tribunal Electoral manifiesta en su resolución –como ha quedado señalado– que si bien la codificación electoral guanajuatense no contempla las pruebas de carácter testimonial, según se detalla en el catálogo contenido en el artículo 317, el diverso 318 otorga la facultad de aportar al expediente documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública, siempre que se consignen hechos que les consten, los cuales a su decir encuadran perfectamente en el sistema de medios de prueba vigente, con independencia de que en principio sólo les corresponda un valor indiciario.

Respecto a la prueba técnica, la autoridad responsable para sustentar su argumento de ratificación de validez dijo que a fojas 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la resolución primigenia, se detallaban todos los elementos que pueden apreciarse en el video, y que en suma constituyen todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que fueron registradas por la persona que obtuvo dichas imágenes; también que de él se desprenden los elementos necesarios para establecer la identidad de las personas que intervinieron en los actos irregulares, afirmando textualmente además:

“… Del análisis de los propios videos, no debe obviarse por quienes esto resuelven, que en el primero de ellos, la persona que registró las imágenes va estableciendo las circunstancias de lugar y modo a través de la narración que se escucha con toda claridad, y a través de los cuales va haciendo el detalle de las personas que aparecen en el video, así como de las actividades que se desarrollaron en el centro de votación aludido…”

En el fallo impugnado se afirma que el contenido de los videos constituye elementos de convicción bastantes que concatenados con los testimonios, constituyen indicios suficientes para justificar los actos de presión al tenor de lo preceptuado por el segundo párrafo del artículo 320 del mismo ordenamiento legal, que al efecto establece:

“Las documentales privadas y los escritos de los terceros interesados serán estimados como presunciones. Sólo harán prueba plena cuando a juicio del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, los demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el sano raciocinio de la relación que guarden entre sí, no dejen dudas...”

De lo anterior, se colige que correctamente ambas autoridades deciden otorgar en lo individual a las pruebas señaladas valor indiciario; pero de ninguna manera puede considerarse como válido ni legal, que en razón al decir de quien va narrando los hechos que se aprecian en los videos, puedan con ello establecerse las circunstancias de modo y lugar de las irregularidades, como lo afirma el Tribunal responsable, y mucho menos que genere convicción para que concatenados con los testimonios, justifiquen los actos de presión, cuando además, al realizar el análisis, resulta imposible confirmar –no el dicho del narrador– el contenido de las imágenes sobre las cuales no se pronuncia la responsable, remitiendo al lector de su resolución a los razonamiento vertidos en diversas páginas de la sentencia primigenia.

Por otra parte, en la resolución no se establece la manera en que se concatenan cada uno de los elementos probatorios, pues no basta afirmar de manera general que así sucede, sino que es menester que se precise con claridad, cuál es la verdad conocida, la manera en que un indicio se enlaza con otro y así sucesivamente para llegar a la averiguación de otros desconocidos, estableciendo además la relación que guardan entre sí, a fin de que no quede lugar a duda en el juzgador respecto a la conclusión a que se arriba, cuyo convencimiento debe derivarse objetivamente del alcance real resultado de los propios elementos probatorios y no de situaciones externas como lo es la narración de quien teniendo, evidentemente, intereses contrarios con el partido contrincante al que pertenece la referida representante general, hace manifestaciones subjetivas o sin sustento por así convenir a los intereses del instituto político con quien ella simpatiza, lo cual de ninguna manera debe ser el sustento para acreditar las circunstancias de modo y lugar como lo afirma la autoridad jurisdiccional responsable.

En consecuencia, esta Sala Regional procede a realizar el estudio correspondiente.

Declaraciones rendidas ante Notario Público.

Las declaraciones de José Alcántara López, José Alfredo Tovar Chavolla, Alberto Cabello Jáuregui, Evangelina Santillán Laguna y Adán Vargas Jáuregui, Andrea Córdoba López, José Juan Anda Ayala, Roberto Rodríguez Mosqueda, Gloria Seguedo Ayala, J. Jesús Rodríguez Mosqueda y José Francisco Acosta Estrada rendidos ante la fe del Notario Público número ocho ya referido, son las que a continuación se detallan.

Videos.

La prueba técnica ofrecida por el Partido Acción Nacional, se hace consistir en la exhibición de dos discos marca sony, identificado el primero como “DVD-R 120 min/4.7 GB”, en cuya parte superior se contiene, con tinta negra, la leyenda “Video” y en la inferior “Video 1, 2, 3,” también se asentaron dos rúbricas; el segundo “CD-R COMPACT disc RECORDABLE Supremas 700 MB”, en el cual se escribió con el mismo color de tinta “Fotos”, en donde también se estamparon dos rúbricas.

Insertado el primer disco antes descrito en una computadora marca DELL, y haciendo uso del programa “Windows Media Player”, se procede al desahogo de dicha probanza, advirtiendo que una vez reproducido en primera imagen aparece la siguiente información: “Videos Pueblo Nuevo. Video 1, Video 2, Video 3”.

Una vez transmitida la imagen y sonido de los tres videos, a través de la apreciación de los sentidos de la vista y oído, su contenido es el siguiente: